La vigilancia contra el uso de plásticos desechables en Cuernavaca se intensificó este 2026, luego de que autoridades municipales notificaran a comercios del centro por incumplir la normativa ambiental vigente.
La Fiscalía Ambiental de Cuernavaca informó que dos establecimientos ubicados en el kiosco fueron detectados entregando popotes y productos de unicel, lo que contraviene la prohibición estatal. Por ello, podrían enfrentar multas que van desde 500 hasta 9 mil pesos, conforme al Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente.
De acuerdo con la fiscal Wendy Salinas Ruiz, los negocios cuentan con un plazo de cinco días para corregir la falta, retirar los productos prohibidos y presentar pruebas de cumplimiento. Sin embargo, esta remediación no garantiza que se evite la sanción.
La restricción a los plásticos de un solo uso en Morelos no es reciente. Fue aprobada en 2019 por el Congreso local y entró en vigor en 2020, con el objetivo de eliminar la fabricación, distribución y uso de artículos como bolsas no biodegradables, popotes, cubiertos, platos y envases de poliestireno expandido.
Estas medidas fueron reforzadas con la actualización de la Ley de Residuos Sólidos y Economía Circular en 2025, que mantiene como prioridad la reducción del impacto ambiental y el fomento de materiales reutilizables o biodegradables. Según autoridades, productos como el unicel pueden tardar más de 500 años en degradarse.
La ley otorga facultades tanto al gobierno estatal como a los municipios para inspeccionar y sancionar. En este caso, el ayuntamiento de Cuernavaca actúa directamente a través de su fiscalía ambiental, como parte de un operativo más amplio de supervisión durante este año.
Además, la normativa permite que cualquier ciudadano denuncie a comercios que incumplan, ya sea por distribuir plásticos prohibidos o por un manejo inadecuado de residuos.
Aunque la prohibición lleva varios años en vigor, las autoridades reconocen que aún persisten prácticas irregulares. Por ello, los operativos, advertencias y multas buscan reforzar el cumplimiento de la ley.
Para los comerciantes, esto implica revisar sus productos y adaptarse a la regulación; para la ciudadanía, representa una herramienta para exigir el cuidado del medio ambiente y contribuir a la reducción de contaminantes en el estado.