La señora Rosa Amelia Ramírez Padilla, residente de la colonia Leovigildo Gómez desde hace más de 30 años, denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude relacionado con la venta de su vivienda, un hecho que la ha dejado en estado de vulnerabilidad tras enfrentar problemas de salud y la reciente pérdida de un hijo.
Según relató la afectada, debido a su situación personal y médica, confiaba en que la gestión de la venta de su propiedad sería realizada de manera honesta por una persona identificada como Natalia “N”. La vivienda, ubicada en la calle Babilonia, tenía un valor aproximado de 1 millón 200 mil pesos, pero —asegura— nunca recibió el pago correspondiente por la transacción.
“Me hicieron firmar documentos que supuestamente eran para un terreno, pero en realidad era mi casa. Me prometieron pagos que nunca llegaron y ahora me quedé sin hogar”, expresó la señora Ramírez Padilla, visiblemente afectada.
Tras estos hechos, la mujer tuvo que mudarse con su madre, de 86 años, debido a que quedó sola y sin la posibilidad de habitar su vivienda. La situación ha generado gran preocupación sobre la vulnerabilidad de las personas adultas mayores frente a posibles fraudes inmobiliarios.
La señora Ramírez Padilla hace un llamado a la ciudadanía, especialmente a los adultos mayores, a informarse adecuadamente antes de firmar documentos legales y a contar con asesoría jurídica confiable para evitar ser víctimas de este tipo de engaños.
“Mi intención es que nadie más pase por lo que estoy viviendo. Hay que ser muy cuidadosos y proteger lo que hemos construido con años de trabajo”, puntualizó.
Autoridades locales y notarias del estado han señalado que la investigación sobre este tipo de casos continúa, y que se buscará determinar responsabilidades para garantizar justicia y evitar que se repitan situaciones similares.
La denuncia de la señora Ramírez Padilla se suma a un creciente número de casos de presuntos fraudes inmobiliarios en la región, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la asesoría legal y la vigilancia en transacciones de bienes raíces, sobre todo entre personas mayores que pueden encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad.
