El llamado “Plan B” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pondría en la mira el uso de recursos públicos en distintos congresos del país, incluyendo el de Campeche, donde persisten señalamientos de excesos y privilegios.
En el Congreso del Estado, encabezado por Antonio Jiménez Gutiérrez, han surgido críticas por los altos salarios y beneficios de algunos funcionarios, que contrastan con la realidad económica de miles de campechanos que perciben en un año lo que ciertos servidores públicos obtienen en un solo mes.
Pese a que Antonio Jiménez Gutiérrez ha presumido una supuesta cercanía con la titular del Ejecutivo federal, el discurso de austeridad impulsado por Claudia Sheinbaum apunta en sentido contrario, al evidenciar prácticas que podrían considerarse como despilfarro del recurso público.
La narrativa de la austeridad republicana cobra fuerza frente a estos señalamientos, dejando en entredicho la congruencia entre el discurso político y la realidad administrativa en el Congreso local. Mientras tanto, crece la exigencia ciudadana de transparencia, rendición de cuentas y un manejo responsable del presupuesto en Campeche.
