Las comisiones del Senado aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas “pensiones doradas” que reciben algunos exfuncionarios del sector público. La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para limitar estos pagos.
Con la reforma, las pensiones de altos mandos de empresas estatales y organismos públicos no podrán superar el 50 % del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, y se estima un ahorro anual cercano a 5 mil millones de pesos para las finanzas públicas.