Después de más de tres décadas, familias desplazadas en Chiapas continúan pronunciándose, con la finalidad de obtener una solución que les permita recuperar su patrimonio o recibir una indemnización justa. Francisco Urbina, representante común de pequeños propietarios rurales, señaló que han pasado 32 años desde que fueron separados de sus tierras, tiempo en el que muchos de los afectados han fallecido sin ver resuelto su caso.
De acuerdo con Urbina Pérez, el conflicto involucra 441 pequeñas propiedades que abarcan alrededor de 42 mil hectáreas, ubicadas en los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas. En total, se estima que entre 5 mil y 6 mil personas se encuentran afectadas de manera directa, incluyendo hijos y nietos de los propietarios originales que ahora continúan la lucha por el patrimonio familiar.
El representante explicó, que el caso se encuentra en un proceso legal, luego de que una sentencia previa reconociera la calidad de desplazados y propietarios de las familias, además de confirmar que no pueden regresar a sus tierras debido a las condiciones de la zona.
Mientras esperan una respuesta, los desplazados señalan que buscan dos posibles soluciones: que se les permita regresar a trabajar sus tierras o que se establezca una indemnización justa.