El municipio de Hoctún vuelve a colocarse bajo el escrutinio público. La (ASEY) detectó presuntas irregularidades en la administración 2021–2024, encabezada por el ex alcalde Hebert Ismael “N”, que derivaron en un probable daño patrimonial por 4 millones 199 mil 359.98 pesos durante el ejercicio fiscal 2024.
De acuerdo con el Tercer Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024, entregado al el pasado 19 de febrero, el ente fiscalizador documentó la existencia de obras reportadas sin sustento documental suficiente, así como la presentación de documentación considerada apócrifa para justificar erogaciones en materia de obra pública.
Irregularidades detectadas
Según el informe, la entidad fiscalizada no entregó los expedientes técnicos que acreditaran el destino del gasto registrado en diversas pólizas correspondientes al capítulo 6000 “Inversión Pública”, con cargo a la fuente de financiamiento 1102 “Recaudación Participable”, por un monto total de 3 millones 399 mil 359.98 pesos.
Las observaciones se relacionan con:
Rehabilitación de calles con concreto asfáltico.
Mantenimiento de pozos de absorción.
Anticipos para la construcción de cuartos dormitorio.
Adicionalmente, se observó un monto de 800 mil pesos proveniente de la fuente 2504 “Ingresos propios”, también del capítulo 6000, correspondiente a anticipos y estimaciones para la construcción de cuartos dormitorio, sin que se entregaran los expedientes que justificaran plenamente el ejercicio del recurso.
La ASEY precisó que, aunque el ex alcalde presentó documentación el 20 de noviembre de 2025 con la intención de solventar las observaciones, tras el análisis técnico se determinó que no se subsanaron las inconsistencias señaladas.
Sustento legal y posibles consecuencias
La fiscalización de las cuentas públicas municipales se realiza con fundamento en la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado, que facultan a la ASEY para revisar el correcto ejercicio de los recursos públicos y determinar responsabilidades cuando existan irregularidades.
En caso de confirmarse el daño patrimonial, el procedimiento puede derivar en:
Promoción de responsabilidades administrativas.
Pliegos de observaciones con carácter resarcitorio.
Denuncias ante las autoridades competentes si se configuran conductas de carácter penal.
El informe representa una fase técnica del proceso de fiscalización; no obstante, el señalamiento de documentación inexistente o insuficiente en obras públicas coloca el caso en una ruta de posible responsabilidad administrativa y resarcitoria.
Impacto local
Las observaciones adquieren especial relevancia al tratarse de obras de infraestructura básica —calles, pozos de absorción y vivienda social— que inciden directamente en la calidad de vida de la población.
La situación ahora queda en manos del Congreso local y de las instancias correspondientes, que deberán determinar las acciones legales procedentes conforme a la normatividad aplicable.
El caso reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos municipales y la eficacia de los mecanismos de control en el ámbito local.
