La defensa del territorio en Yucatán llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que colectivos mayas de Chablekal, Ixil, Kinchil y Chapab de las Flores impulsaran un recurso legal relacionado con la Norma Técnica Ambiental que regula las granjas porcícolas en el estado, uno de los procesos que consideran clave en su lucha por el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
El caso tiene origen en la publicación, en 2022, de la norma ambiental emitida durante la administración del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, la cual establece lineamientos para la apertura, operación y abandono de granjas porcícolas. Los colectivos señalaron que dicha disposición debió ser sometida a consulta previa con las comunidades mayas, al considerar que impacta directamente en su territorio y en sus derechos socioambientales.
Tras promover un juicio de amparo que fue declarado improcedente bajo el argumento de falta de interés legítimo, las comunidades interpusieron un recurso de revisión y solicitaron que la Corte atrajera el asunto.
De acuerdo con los colectivos, el fallo que emita la Corte podría sentar un precedente sobre la obligación del Estado de garantizar la consulta indígena en la emisión de normas ambientales, así como en la autorización de proyectos productivos que puedan generar impactos en territorio maya.
Sin embargo, el litigio ante la Corte es solo uno de varios frentes abiertos. En Chablekal, integrantes de la Unión de Pobladores denunciaron que, a casi un año de la deforestación en el monte de Misnebalam, no existen avances sustanciales en las investigaciones pese a que el área afectada tendría valor ambiental y arqueológico.
Los colectivos informaron que en los próximos meses acudirán a la Ciudad de México para solicitar audiencia con ministras y ministros de la Corte, al tiempo que reiteraron que continuarán las acciones legales en distintas instancias para la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos del pueblo maya en Yucatán.