La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la constitucionalidad de la reforma en Chiapas para sancionar los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género marca un precedente clave en la entidad. El máximo tribunal determinó que el Congreso local sí tiene facultades para tipificar estas prácticas como delito y establecer sanciones administrativas para servidores públicos que las promuevan, practiquen o toleren.
En Chiapas, activistas por los derechos de la diversidad sexual consideran esta decisión como una de las reformas más relevantes de los últimos años, al reforzar el reconocimiento legal de su existencia y su derecho a desarrollarse libremente.
Existen antecedentes de agresiones graves, privaciones ilegales de la libertad y prácticas encubiertas en centros de rehabilitación o espacios privados donde, con el consentimiento familiar, se intentaba forzar cambios en la orientación sexual o identidad de género de jóvenes, particularmente adolescentes.
Con este fallo, sostienen, la ley se convierte en una herramienta más firme para frenar abusos, promover educación basada en derechos humanos y avanzar hacia una sociedad más incluyente en la entidad.
