En Afganistán 119 artículos, legaliza la violencia contra las mujeres y se considera una herramienta de disciplina social y de prevención del pecado o del “vicio”. Las madres, hijas y esposas pasan a ser prácticamente objetos propiedad de un marido o de un “amo”, palabra usada literalmente en el texto, así como “esclavo”, términos que ponen los pelos de punta a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que piden que este marco legal sea revocado.
Un afgano puede pasar 15 días en la cárcel por romper el brazo a su esposa y cinco meses si maltrata a un camello. Esta es la ley que deben aplicar los jueces en Afganistán desde principios de año, en virtud del nuevo código penal aprobado discretamente, sin debate político ni anuncios públicos, y que apenas ha generado reacciones internacionales.
El artículo 32 da una idea de la indefensión reinante, ya que establece que solo si el marido golpea a la esposa con un bastón y le provoca una lesión grave como “una herida o un hematoma corporal”, y la mujer puede demostrar esto ante un juez, el hombre será condenado a 15 días de prisión. Otros tipos de violencia física, psicológica y violencia sexual contra las mujeres no se nombran.
“En un lugar sin un verdadero sistema judicial, sin abogados defensores ni instituciones que protegen a las mujeres, ¿cómo se puede creer que una mujer irá a los tribunales sabiendo que 15 días después su esposo quedará libre de nuevo y podrá matarla por haberlo denunciado?“, se pregunta Koofi.
Desde 2021, los talibanes han publicado más de 130 edictos que reducen peligrosamente los derechos y la presencia social de las mujeres. Han cerrado las puertas de la educación a las afganas de más de 12 años, algo que no ocurre en otro lugar del mundo, y las han dejado fuera de la mayoría de los puestos de trabajo. El 80% de las mujeres están hoy excluidas del mundo laboral y de la educación, según un reciente informe de ONU Mujeres. Por todo ello, la ONU considera que los fundamentalistas han instaurado un apartheid de género en el que las afganas se ven perseguidas, no pueden moverse libremente, vestirse como desean, hablar en público o disfrutar del más mínimo ocio.
Y ahora todo eso es ley. Por ejemplo, en un artículo se establece que si una mujer va repetidamente a casa de su padre sin el permiso de su marido y no regresa aunque este se lo pida, puede ser condenada a tres meses de prisión.
“Este nuevo código penal talibán pisotea la ley afgana y otorga a los hombres autoridad supervisora y disciplinaria. Las mujeres son tratadas casi como esclavas, sin control sobre sus propias vidas y cuerpos”.
El código penal traza, además, una sociedad dividida en cuatro estratos: eruditos, élites, clase media y clase baja. Ante un mismo delito, el castigo cambia dependiendo del estatus del agresor, algo que entierra derechos tan básicos como la igualdad ante la ley.
En general, el nuevo marco legal expone a las personas, especialmente a las mujeres y a los niños, a la violencia arbitraria de familiares, vecinos e incluso desconocidos y convierte el abuso en una obligación religiosa y legal y no en un delito. “Cualquier musulmán que sea testigo de lo que se considera un ‘pecado’ está autorizado a imponer un castigo corrector en el acto para ‘prevenir el vicio’”, dice el texto, que subraya claramente que los maridos y los “amos” están explícitamente facultados para castigar a sus esposas.
En el caso de los niños, se penalizan ciertas formas de violencia física por parte de los profesores, específicamente cuando se aprecian “fractura ósea”, “piel desgarrada” o “hematomas corporales”, pero no se prohíben explícitamente otros maltratos físicos, psicológicos y sexuales.