Tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó gran parte de su estrategia arancelaria anterior, el expresidente Donald Trump ha anunciado una nueva fase en su política comercial que vuelve a poner el foco en las importaciones y en las relaciones económicas con socios globales, incluyendo a México. El cambio judicial obligó a replantear medidas previas y ha generado reacciones tanto en la administración estadounidense como entre los principales países con los que mantiene lazos comerciales. 
La respuesta de Trump no se hizo esperar: en lugar de abandonar los gravámenes, optó por aplicar un nuevo arancel global inicial que empezó a operar esta semana, con tasas que pueden variar entre el 10 y el 15 por ciento dependiendo del esquema legal que utilice su gobierno para sostener la medida. Este movimiento busca sustituir los impuestos que la propia Corte Suprema declaró ilegales, y aunque ciertos productos quedan exentos bajo acuerdos como el T-MEC, la imposición podría tener efectos indirectos en sectores sensibles del comercio. 
La postura de México ante esta situación ha sido de cautela y diálogo, pidiendo actuar con “prudencia” y revisar los detalles técnicos del plan arancelario antes de tomar decisiones de respuesta, lo que incluye comunicaciones diplomáticas con Washington para asegurar que los intereses del comercio bilateral se mantengan protegidos. Los analistas internacionales consideran que esta nueva fase arancelaria podría aumentar la incertidumbre en los mercados globales, al tiempo que obliga a gobiernos y empresas a anticiparse ante posibles cambios en las reglas del intercambio económico.