El Instituto Nacional Electoral (INE) actuó con absoluta legalidad en todas sus actuaciones en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF 2024-2025), al actuar de conformidad con la Constitución federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos adoptados por sus máximos órganos de dirección: el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.
Resaltó que mediante el Acuerdo INE/CG2500/2024, el Consejo General determinó que, por razones de seguridad nacional, la producción de las boletas electorales se debía realizar en Talleres Gráficos de México, atendiendo criterios de seguridad, capacidad instalada y continuidad operativa.
Además, dicha determinación también se fundamentó en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de Reforma Judicial y en el artículo 216 de la LGIPE, aseguró el Instituto.
Recordó que el 29 de diciembre de 2024, mediante el Acuerdo INE/JGE194/2024, la Junta General Ejecutiva aprobó la modificación del proyecto específico “J130110 Producción, almacenamiento y distribución de documentos y materiales para el Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Lo anterior con el objetivo de realizar las previsiones presupuestales necesarias para el inicio oportuno de la producción, almacenamiento y distribución de las boletas.
El INE resaltó que, en ese contexto, se estableció contractualmente una aportación inicial en 2024 destinada a la adquisición de insumos y sustratos estratégicos para garantizar la producción en tiempo y forma, conforme al calendario acordado.
La entrega total de las boletas quedó prevista a más tardar para mayo de 2025, en apego a los instrumentos jurídicos suscritos y el volumen final de boletas se definió con base en el Padrón Electoral y en las actualizaciones normativamente previstas durante la etapa de producción, conforme al Reglamento de Elecciones.
Este procedimiento, resaltó el INE, es habitual en los procesos electorales y garantiza certeza en la disponibilidad de documentación para todas las casillas instaladas.
Asimismo, el Instituto refirió que la producción de boletas electorales constituye un asunto de seguridad nacional y su cantidad se basa en cifras oficiales del Padrón Electoral y no en estimaciones de participación, mientras que la destrucción de las no utilizadas es una obligación legal.
El INE destacó que las observaciones formuladas por los órganos fiscalizadores forman parte de los procedimientos ordinarios de revisión y no constituyen, por sí mismas, determinaciones firmes de responsabilidad.
El Instituto reiteró el compromiso de continuar con completo apego a criterios estrictamente técnicos y jurídicos y a tomar todas las decisiones relevantes de manera colegiada y transparente en el seno del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva.
Por último, el INE aseveró que la ciudadanía puede tener la certeza de que cumple con la ley, garantiza la integridad de los procesos electorales y mantiene una disposición permanente a la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración institucional.