El diputado Pedro Haces Lago, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica con el propósito de endurecer las sanciones contra quienes arrojen basura en la vía pública y garantizar que las medidas correctivas realmente se cumplan.
La propuesta parte de un diagnóstico claro: pese a que la ley ya contempla sanciones por tirar desechos en calles, parques o espacios comunes, en la práctica muchas de ellas no se ejecutan o se reducen a multas que no generan un efecto disuasivo. El legislador sostuvo que la capital enfrenta un problema persistente de residuos en espacios públicos que afecta imagen urbana, movilidad, salud y medio ambiente.
La iniciativa plantea reforzar el carácter obligatorio del trabajo comunitario como medida correctiva y establecer mecanismos que permitan verificar su cumplimiento efectivo. El objetivo es evitar que la sanción quede únicamente en papel y que exista un seguimiento puntual por parte de las autoridades administrativas.
Además, se propone incrementar las consecuencias en caso de reincidencia, bajo el argumento de que la repetición de conductas incívicas demuestra desinterés por el entorno colectivo. La reforma busca que el marco normativo no solo castigue, sino que también promueva un cambio de conducta a través de la responsabilidad directa en la limpieza de espacios públicos.
Durante la presentación se subrayó que la Ciudad de México genera miles de toneladas de residuos diariamente y que una parte considerable termina en calles, barrancas y drenajes, lo que provoca obstrucciones, inundaciones y focos de infección. En ese contexto, el legislador argumentó que la falta de corresponsabilidad ciudadana incrementa costos operativos para el gobierno y deteriora la calidad de vida.
La propuesta también contempla fortalecer la coordinación entre juzgados cívicos y alcaldías para asegurar que las sanciones impuestas se ejecuten de manera inmediata. De esta forma, se busca evitar dilaciones administrativas que restan eficacia a la norma.
Otro de los ejes de la iniciativa es enviar un mensaje claro sobre la importancia de la cultura cívica. El planteamiento no se limita al aspecto punitivo, sino que pretende reforzar la idea de que el cuidado del espacio público constituye una obligación compartida entre autoridades y habitantes.
En tribuna se enfatizó que la reforma no tiene un enfoque recaudatorio, sino correctivo y preventivo. La intención es que quienes incurran en esta falta enfrenten consecuencias proporcionales y comprendan el impacto colectivo de sus acciones.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación. De aprobarse, implicaría un endurecimiento real en la aplicación de medidas contra quienes arrojen basura en la vía pública, así como una mayor supervisión del cumplimiento de trabajo comunitario.
Con esta propuesta, el Congreso capitalino abrió nuevamente el debate sobre el equilibrio entre sanción y educación cívica, en una ciudad que busca fortalecer su política ambiental desde la responsabilidad individual.