Con la participación de representantes de Cinépolis y de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó ante legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios una iniciativa de reforma al Código Penal local para adicionar el artículo 228 Bis, orientada a sancionar de manera efectiva los daños patrimoniales cometidos mediante medios tecnológicos y digitales, como parte de una estrategia integral para fortalecer la procuración de justicia frente a los desafíos del entorno digital.
“Esta propuesta que traemos es una modificación concentrada estrictamente en el
ámbito local; no crea delitos nuevos, no redefine figuras federales y no invade
competencias, sino que adecúa los tipos penales existentes a la realidad digital que hoy
nos estaba rebasando y que, en muchos casos, no nos permitía iniciar carpetas de
investigación por delitos cometidos mediante medios tecnológicos”, expresó el Fiscal
General, Carlos Torres Piña.
Durante la exposición técnica, la FGE explicó que el artículo 228 Bis deriva de una
lectura integral del Código Penal de Michoacán y cumple una función de ordenamiento
normativo al evitar dispersión, duplicidades e invasiones competenciales, manteniendo
claridad dogmática y certeza jurídica.
El tipo penal se concibe como una modalidad patrimonial tecnológicamente actualizada,
que permite perseguir daños económicos generados en entornos digitales sin depender
de calificaciones federales previas ni fragmentar el sistema penal, fortaleciendo así la
capacidad de respuesta del ámbito local. Aunado a ello, es la primera vez que se
regularía el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la comisión de este delito de daño
patrimonial híbrido.
La iniciativa responde a la creciente incidencia de conductas como fraude, extorsión y
diversas formas de violencia digital, incluida la que atenta contra la intimidad sexual,
cometidas a través de plataformas digitales, perfiles falsos y otros entornos tecnológicos
que impactan directamente en la economía de las personas y de sectores productivos.
En este contexto, la Fiscalía planteó un enfoque preventivo que incluye patrullajes
cibernéticos, detección temprana de ciberataques y violencia digital, así como acciones
de inteligencia coordinadas entre la Policía Cibernética y la Vicefiscalía de Inteligencia
e Investigación Criminal.
Durante el encuentro, representantes de la industria cinematográfica expusieron el
impacto económico y social de la piratería digital. El director de Operaciones de
Cinépolis, Miguel Mier, señaló: “El cáncer de nuestra industria es la piratería; se roba el
contenido de productores, actores, directores y de miles de familias. Nos da mucho
gusto que Michoacán sea el primer estado en impulsar una legislación de este tipo,
porque el impacto es profundamente negativo y requiere respuestas desde lo local”.
Por su parte, Tábata Vilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (CANACINE), destacó: “La tecnología avanza mucho más rápido que
la legislación. Hoy la piratería digital representa uno de los mayores retos para nuestra
industria; combatirla exige adecuaciones legales, campañas de concientización y que las
autoridades volteen a ver esta realidad”.
Las y los legisladores presentes coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos que
eviten espacios donde se transgredan derechos, economías y hogares, y que contribuyan
a dignificar la vida humana mediante marcos normativos modernos, preventivos y
eficaces.
“Este proyecto de decreto es único; incorpora el entorno digital como medio comisivo,
da certeza jurídica a las empresas y a la ciudadanía y representa un avance significativo
en materia de daño y violencia digital. Con esta reforma, Michoacán puede colocarse a
la vanguardia nacional en la sanción de conductas económicas ilegales cometidas en
medios digitales, fortaleciendo la prevención y la procuración de justicia”, puntualizó el
Fiscal Torres Piña.
Con esta iniciativa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su
compromiso con la seguridad digital, la protección del patrimonio de las personas y la
construcción de un marco jurídico moderno, eficaz y respetuoso de los derechos
humanos.