La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con el Gobierno del Estado, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), y la Guardia Nacional, llevó a cabo la destrucción de 803 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia interinstitucional orientada a debilitar economías ilegales que afectan la seguridad, la legalidad y el tejido social.
Durante el evento, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, destacó que esta acción
refleja una política clara de coordinación y responsabilidad institucional.
“Esta destrucción es resultado del trabajo conjunto y permanente entre instituciones; no es
un hecho aislado, sino una acción firme para cerrar el paso a economías ilegales que dañan
a la sociedad y afectan la tranquilidad de nuestras comunidades”, afirmó.
En su intervención, el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó el
impacto social de este tipo de actividades ilícitas y la importancia de combatirlas desde su
base financiera.
“No se trata de simples máquinas; son mecanismos de financiamiento de la delincuencia
que lastiman a la sociedad, generan violencia y afectan directamente a nuestras
comunidades”, expresó.
Las máquinas destruidas fueron aseguradas mediante operativos interinstitucionales
desplegados en los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro
Cárdenas, Zamora, Maravatío y Tacámbaro, derivado de labores de investigación y
acciones coordinadas de combate a delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión y otras
conductas vinculadas a economías ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, cada uno de estos aparatos generaba
ingresos ilegales estimados en 12 mil pesos mensuales, lo que representaba una captación
ilícita superior a 9 millones 864 mil pesos al mes.
Además del daño económico, su operación propiciaba entornos de riesgo al estar asociada
con delitos contra la salud, extorsión y hechos de violencia que afectan directamente la vida
cotidiana de la población.
Desde esta perspectiva, la FGE reiteró que el aseguramiento y destrucción de estos equipos
constituye una acción preventiva estratégica, orientada a reducir factores criminales,
recuperar espacios públicos y comerciales, y evitar que recursos ilegales continúen
financiando actividades que vulneran la paz social.
Cabe destacar que, con esta jornada, suman ya más de 3 mil máquinas tragamonedas
destruidas desde el inicio del programa, lo que refleja una política sostenida basada en
planeación, inteligencia institucional y una coordinación efectiva entre autoridades estatales
y federales.
En la parte final del acto, el Fiscal General reafirmó el compromiso institucional de
continuar con esta estrategia: “La seguridad se construye con coordinación, inteligencia y
pleno respeto al Estado de Derecho; desde la Fiscalía seguiremos actuando, junto con el
Gobierno del Estado y las instituciones federales, para entregar resultados que impacten
positivamente en la vida de las y los michoacanos”, enfatizó.