La comunidad escolar del preescolar Juan Enrique Pestalozzi enfrenta una realidad cruda tras revelarse el método de tortura de la maestra Guadalupe “N”. Bajo el nombre del “juego del pato”, la docente de primer grado ocultó una red de agresiones físicas y sexuales contra menores de apenas tres años. Esta dinámica escolar funcionaba como una fachada perversa donde el acierto o el error en preguntas simples dictaba el tipo de violencia que sufrían los infantes.
El mecanismo de control de la docente premiaba las respuestas correctas con tocamientos frente al grupo, mientras que los fallos resultaban en golpes contusos en el abdomen. Esta rutina de terror permaneció oculta hasta mayo de 2025, cuando la salud de una pequeña de cuatro años encendió las alarmas. Una revisión pediátrica confirmó el hallazgo de una infección de transmisión sexual, prueba irrefutable de la gravedad de los ataques en el aula.
Las secuelas emocionales transformaron la vida de víctimas como “Rosita” y “Laurita”, quienes pasaron de la alegría al aislamiento absoluto. Los padres notaron cambios drásticos en la conducta de sus hijos, quienes manifestaron cuadros severos de ansiedad y rechazo al entorno social. Estas señales fueron el motor para que las familias iniciaran una batalla legal ante la Fiscalía General del Estado frente a la mirada atónita de otros tutores.
La respuesta de la dirección del plantel destacó por su lentitud, lo que provocó bloqueos viales y manifestaciones ciudadanas en busca de justicia. Aunque las autoridades de Guanajuato ofrecieron apoyo psicológico, los afectados califican estas acciones como insuficientes ante el trauma provocado. La negligencia institucional inicial solo aumentó la indignación de una sociedad que exigió medidas drásticas contra la responsable del grupo.
Tras un intento de fuga hacia el estado de Nayarit, elementos de seguridad capturaron a Guadalupe “N” para enfrentar su proceso judicial. El 10 de julio de 2025, un juez dictó prisión preventiva contra la exmaestra por su probable participación en estos crímenes. Actualmente, el caso permanece abierto mientras las familias esperan una sentencia que castigue el uso de dinámicas infantiles como herramientas de abuso sistemático.