Ramón Augusto Domínguez García, es uno de los tres hermanos que sufren una discapacidad degenerativa llamada distrofia muscular, y es el principal promotor en Chiapas de la iniciativa ciudadana conocida como la “Ley Trasciende”, que propone legalizar la eutanasia.
Con 52 años de edad y con más de 20 años con esta enfermedad, Ramón quiere que la voz de los enfermos sea escuchada, y pidió la comprensión de los que se sientan ofendidos por un sentido religioso, sin embargo, el dolor de los enfermos terminales y de sus familiares se expresan como una súplica a los legisladores para tomar en cuenta esta iniciativa.
El activismo para la legalización de la eutanasia la encabeza a nivel nacional Samara Martínez, paciente con una enfermedad sin cura, por lo que es la primera vez que una paciente abandera la lucha y no algún político desde el privilegio de la salud y el dinero. Ahora la “Ley Trasciende”, está en la Comisión de Salud del Senado y esperan que en este periodo de sesiones se discuta.
Dijo que la Ley Trasciende no es una ley que habla de muerte, sino de dignidad humana hasta el último respiro y aunque no hay cifras oficiales de cuántas personas buscan la eutanasia en México, hay indicadores como la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, elaborada por Investigación en Salud y Demografía S.C. en 2016 y 2022, que revelan que 7 de cada 10 mexicanos respaldan su legalización, y el sitio web de apoyo a la Ley Trasciende, hay más de 144 mil 500 firmas a favor.
Ramón pidió a los legisladores que no tengan miedo de legislar a favor de la Ley Trasciende, por perder simpatía o votos, sino más bien que se acerquen a los enfermos y a sus familiares y se sensibilicen, ya que los pacientes terminales tienen mucha soledad, hay un impacto para la familia.
La iniciativa de la Ley propone que el Estado permita esta práctica para personas mayores de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa en etapas avanzadas o terminales, o padecimientos incapacitantes o amenazantes para la salud. Asimismo, plantea respetar la objeción de consciencia de los profesionales de la salud.