En sesión del primer Período Extraordinario, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó la iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas, en materia de cohabitación forzada.
Para exponer sus argumentos en torno a dicha iniciativa, participó en tribuna la diputada Rosa Linda Lopez Sanchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien dijo que dicha propuesta pretende erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, sobretodo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los “usos y costumbres”.
La diputada señaló: “Hoy, el Congreso del Estado atiende una de las demandas ciudadanas más sentidas. Con ello, se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”.
La diputada por el Partido Verde Ecologista de México, destacó: “Desde esta Tribuna defiendo el sentido de esta iniciativa convencida de que su aprobación es un paso necesario para la protección efectiva de los derechos humanos, en particular de niñas y adolescentes chiapanecas hablar de cohabitación forzada no es hablar en términos silenciados, no en este Congreso”.
Esta iniciativa -subrayó Sánchez López- no va en contra de los usos y costumbres, “es importante decirlo con claridad, es una iniciativa en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos libertades y la dignidad humana. Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”.
Agregó que en muchos casos estas prácticas encubren delitos graves. “No importa si existe un consentimiento familiar, no importa si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso. El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, la neutralidad aquí es complicidad, por eso este dictamen propone sanciones claras y firmes porque proteger a la niñez, no es una opción política es una obligación constitucional, ética y humana.
Relativo al proceso de aprobación de esta iniciativa, la diputada Jovannie Ibarra Gallardo expuso su voto a favor en lo particular, en tanto que el diputado Juan Salvador Camacho Velasco manifestó su voto a favor y expuso los argumentos de su razonamiento.
