El célebre cantante español Julio Iglesias, de 82 años y una de las voces más reconocidas en la historia de la música en español, ha dado un paso importante en su respuesta legal tras las graves acusaciones que surgieron en su contra esta semana.
A principios de enero, dos exempleadas de sus residencias presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, señalando presuntos delitos que incluyen agresiones sexuales, acoso persistente, trata de personas con fines de trabajo forzado y violaciones a los derechos de los trabajadores. La denuncia fue interpuesta formalmente el 5 de enero, y la Fiscalía abrió diligencias preliminares para analizar los hechos, los cuales habrían ocurrido en propiedades del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).
Ante esta situación, Iglesias ha contratado a uno de los abogados penalistas más renombrados de España, José Antonio Choclán, especializado en casos de alto perfil mediático. Choclán es conocido por haber defendido a figuras como Cristiano Ronaldo y otros personajes públicos involucrados en procesos complejos.
Hasta el momento, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación reservada, lo que significa que no existe aún una imputación formal ni citación ante un juez. La Fiscalía tiene un plazo de aproximadamente seis meses para decidir si presenta cargos ante la Audiencia Nacional o si archiva la causa. Durante este periodo, se recopilan y analizan pruebas, incluidos testimonios, fotografías y mensajes aportados por las denunciantes.
Fuera del terreno estrictamente legal, las reacciones del entorno mediático y social han sido intensas. Iglesias negó rotundamente las acusaciones en un comunicado, afirmando que nunca ha abusado ni coaccionado a nadie y calificando los señalamientos como falsos.
Al mismo tiempo, varias figuras públicas han expresado su apoyo al cantante, aunque también han surgido críticas y debates en redes y programas de televisión sobre la gravedad de las acusaciones y la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras la justicia realiza sus investigaciones.