Activistas y habitantes del municipio de Kinchil detuvieron este lunes las obras de ampliación de una granja avícola que se realizaban de manera ilegal sobre vestigios de la antigua ciudad maya de Tzemé, esto luego de detectar la operación de maquinaria pesada pese a la prohibición.
De acuerdo con el Consejo Comunitario de Kinchil, los trabajos en la zona habían sido suspendidos desde octubre 2025 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y posteriormente clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Ante la falta de cumplimiento, la comunidad promovió un juicio de amparo, mediante el cual un juez federal otorgó primero una suspensión provisional y después una suspensión definitiva para frenar cualquier actividad en la zona.
Pese a estas resoluciones, al inicio del presente año la empresa constructora CAVICO, contratada por la Productora Nacional de Huevo (CRIO), reanudó las labores, violando sellos de clausura y continuando con la expansión de nuevas naves e infraestructura dentro del área con vestigios arqueológicos, situación que fue denunciada por los habitantes de la comunidad.
El pasado viernes 9 de enero, tras los señalamientos del Consejo Comunitario, personal de PROFEPA acudió al sitio y procedió a la clausura de la maquinaria utilizada para las obras. Sin embargo, horas después los sellos fueron violados nuevamente y los trabajadores intentaron retirar los equipos, lo que generó una nueva intervención de la comunidad para impedir su salida.
Durante estos hechos, integrantes del Consejo Comunitario y familias dedicadas al trabajo del campo se mantuvieron en el lugar para frenar el avance de las obras, logrando detener un bulldozer y evitando la instalación de un transformador eléctrico destinado a dotar de energía a las construcciones, consideradas ilegales por las autoridades federales.
Finalmente, elementos de la policía estatal y personal de PROFEPA regresaron al sitio para constatar las irregularidades y proceder a una nueva clausura de la maquinaria. El Consejo Comunitario de Kinchil reiteró que continuará con las acciones legales y la vigilancia permanente para exigir el respeto a las resoluciones judiciales, la protección del patrimonio arqueológico y la defensa del territorio comunitario.