Tal como se venía advirtiendo tras un 2025 marcado por la falta de precipitaciones, el verano 2026 comenzó con un escenario crítico en gran parte de la Patagonia. Las altas temperaturas y el clima extremadamente seco generaron condiciones ideales para la rápida propagación del fuego, con incendios forestales activos en distintas provincias del sur del país.
La Patagonia argentina enfrenta, posiblemente, una de las temporadas de incendios más intensas registradas. El fuego ya obligó a evacuar localidades, consumió miles de hectáreas y disparó la alarma por peligro extremo en casi todo el país.
Especialistas anticipan que el impacto ambiental y social podría igualar o superar el récord del año pasado, cuando el fuego devastó áreas protegidas, zonas rurales y urbanas.
En la zona cordillerana de Chubut, los incendios forestales ya arrasaron más de 6.000 hectáreas, obligaron a evacuar a miles de personas y mantienen activos varios frentes de fuego. Frente a este panorama, se desplegó un importante operativo de combate y comenzaron a llegar muestras de solidaridad por parte de organizaciones y voluntarios que colaboran en la emergencia.
Los datos oficiales describen un escenario crítico, donde la capacidad de respuesta se ve desbordada ante la velocidad y agresividad del fuego en provincias como Chubut, Río Negro y La Pampa. “Esta temporada va en línea con la ‘nueva normalidad’ que indica que anualmente en la zona Andina de Patagonia Norte ya no se queman cientas o miles de hectáreas, sino decenas de miles de hectáreas”, afirmó Thomas Kitzberger, investigador superior del CONICET, en diálogo con Infobae.
En Chubut, el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación vincularon los incendios con la presencia de grupos radicalizados en la zona afectada, aunque no realizaron imputaciones directas. Las autoridades confirmaron que el incendio fue intencional y señalaron la existencia de acelerantes y amenazas previas, además de destacar que el 95% de los focos en la región tienen origen humano. A pesar de esto, las condiciones de sequía y calor extremo dificultan el control de las llamas en todo el territorio.
El pasado 9 de diciembre, el Gobierno de Milei hizo pública su intención de privatizar los montes públicos, permitiendo la compra de tierras rurales por parte de agentes privados extranjeros. También apuntó que derogará la prohibición de construir durante 30 años en suelos afectados por incendios, una norma esencial para frenar la especulación inmobiliaria y permitir la recuperación natural del ecosistema.
Según datos del Observatorio de Tierras, los extranjeros ya poseen 13 millones de hectáreas de tierra rural argentina, cerca del 5% del territorio nacional, una superficie aproximada al tamaño de Inglaterra.
Esta medida, promovida desde el Ministerio de Economía, abriría la puerta a constructoras y grandes terratenientes en las tierras patagónicas más frágiles, transformando tragedias ambientales en negocios redondo para unos pocos. Ambientalistas alertan que estas medidas pondrían en bandeja 5.500 hectáreas recién quemadas para proyectos turísticos destructivos.