Acusado de engañar a dos personas a quienes presuntamente causó un perjuicio en su patrimonio, J.J.G.S. fue vinculado a proceso por los delitos de falsificación de documentos, falsedad de declaraciones e informes a una autoridad y por asociación delictuosa, por lo que se resolvió su situación jurídica tras ser valorados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron los argumentos para resolver la situación legal del acusado, quien estuvo de acuerdo en definir su condición jurídica, por lo que la Juez Segunda de Control, después de revisar los elementos expuestos, los consideró suficientes para dictar el citado auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por esta Fiscalía.
De los hechos, reunidos en la causa penal 398/2024, se logró establecer que en octubre del 2022, el imputado en coordinación con otras personas, consiguió de forma engañosa la firma de una primera víctima en una hoja en blanco, la cual utilizaron para falsificar un supuesto pagaré, en donde el denunciante presuntamente se comprometía a pagar 450 mil pesos, pero de forma dolosa promovieron un juicio mercantil utilizando el documento falso.
Como resultado del juicio mercantil, la víctima fue condenada al pago de la cantidad señalada, además de afectarlo por retenerle un predio de su propiedad en la colonia Bojórquez. De igual manera, el imputado junto con los otros involucrados que se están investigando, repitieron sus acciones con una segunda víctima, de quien falsificaron un pagaré por 300 mil pesos, por lo que se presentó la formal denuncia.
Por último, se solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control estableció que el acusado deberá acudir a firmar periódicamente, tiene prohibido salir del Estado y no podrá acercarse a las víctimas, así como deberá someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares por todo el tiempo que dure el proceso, además otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.