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Personas buscadoras permanecen desaparecidas, en Guanajuato territorio de alto riesgo para quienes buscan a sus desaparecidos

Guanajuato arrancó el 2026 con un escenario crítico en materia de derechos humanos. Al menos seis personas buscadoras permanecen desaparecidas y, en los últimos años, por lo menos nueve madres y padres buscadores fueron asesinados. Esta situación revela la fragilidad extrema de quienes, ante la falta de respuestas institucionales, deciden buscar por cuenta propia a sus familiares y quedan expuestos a amenazas, agresiones y muerte.

Entre las personas buscadoras desaparecidas figuran Martha Leticia Gallardo Martínez, vista por última vez en abril de 2018; Lorenza Cano Flores, desaparecida en enero de 2024; Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres, reportados en noviembre de 2024; Francisco Arias Mendoza, en junio de 2025; y José Juan Arias Corona, cuyo paradero se desconoce desde el 28 de diciembre de 2025. Estos casos reflejan un patrón persistente en el que la exigencia de verdad y justicia se enfrenta a un entorno de violencia constante.

El caso más reciente corresponde a José Juan Arias Corona, padre buscador de Juanito, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio de 2025 en el municipio de Valle de Santiago. José Juan fue visto por última vez la mañana del 28 de diciembre, después de dejar a su esposa en su lugar de trabajo, en la comunidad de Rancho U. A pesar de que su desaparición fue denunciada ante las autoridades, no existen avances públicos sobre su localización.

Este contexto posiciona a Guanajuato como una de las entidades más peligrosas para las personas buscadoras. Los asesinatos de Teresa Magueyal en 2023 en Celaya, María del Carmen Vázquez en 2022 en Abasolo y Francisco Javier Barajas Piña en 2021 en Salvatierra muestran una violencia sistemática contra este sector. Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido que en estados como Guanajuato, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, la búsqueda de personas desaparecidas implica un riesgo elevado debido a la omisión institucional, la impunidad y la ausencia de mecanismos eficaces de protección.