Rubén Ayala Flores, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Michoacán, afirmó que la inconformidad de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, en el municipio de Coahuayana, por la posible destrucción de un andador peatonal construido con recursos federales, está vinculada a una problemática interna de carácter político y a una disputa por el poder dentro del propio pueblo, impulsada por el Consejo Supremo Indígena del estado.
Señaló que, pese a estas diferencias, El Ticuiz se encuentra actualmente en condiciones de estabilidad y funcionamiento normal, y explicó que el conflicto surge en un contexto en el que una parte de la comunidad plantea cambios en su forma de organización, sin que esto haya alterado la vida cotidiana ni la cohesión social del lugar.
Ayala Flores indicó que el trasfondo del tema está relacionado con la intención de avanzar hacia un esquema de autogobierno, lo que implica definir quién administra los recursos públicos. Precisó que esta decisión deberá resolverse en asamblea general y reiteró que el INPI será respetuoso de la determinación que adopten las y los integrantes de la comunidad.