Durante la madrugada del 3 de enero, se registraron ataques aéreos y explosiones en distintos puntos de Venezuela, principalmente en la ciudad de Caracas, de acuerdo con reportes de medios internacionales y agencias informativas. Los hechos fueron atribuidos a una operación militar de Estados Unidos, mientras que autoridades venezolanas denunciaron una agresión extranjera contra el país.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la acción tuvo como objetivo debilitar al gobierno venezolano y detener al presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de corrupción y violaciones a derechos humanos, además de impulsar un proceso de cambio político. En contraste, el gobierno de Venezuela rechazó esta versión y sostuvo que los ataques representaron una violación a la soberanía nacional, por lo que activó medidas de seguridad y defensa.
Los hechos ocasionaron afectaciones en el país, entre ellas la suspensión de vuelos, restricciones en algunas zonas urbanas y la interrupción de servicios, principalmente en la capital, según la información disponible hasta el momento. Autoridades locales informaron que se realizaban evaluaciones preliminares de daños, sin que hasta ahora se haya dado a conocer un balance oficial de personas afectadas.
A nivel internacional, la situación generó reacciones inmediatas y divididas. Gobiernos y organismos multilaterales expresaron preocupación por el uso de la fuerza y sus implicaciones en el derecho internacional, mientras que otros países manifestaron respaldo a la operación.