En un giro inesperado de la política migratoria estadounidense, a partir del 31 de diciembre de 2025 entró en vigor una normativa que permite a las autoridades de inmigración rechazar solicitudes de asilo basándose en criterios relacionados con la salud pública. Bajo esta nueva disposición, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional pueden determinar que ciertos solicitantes representan un riesgo sanitario debido a enfermedades contagiosas u otros factores de salud considerados peligrosos y, por ende, negarles la protección que solicitaban. 
Esta medida, que amplía la discreción de las agencias migratorias, no solo autoriza el rechazo de nuevas solicitudes, sino que también contempla la posibilidad de retirar asilos ya otorgados si se identifica un riesgo para la salud en el futuro. La regla toma como referencia emergencias sanitarias declaradas y otorga a las autoridades un amplio margen para evaluar caso por caso. Para muchos defensores de los derechos humanos, esta regulación representa un cambio profundo en el enfoque tradicional del asilo, que históricamente se ha centrado en la persecución y la violencia, y no en condiciones de salud. 
Organizaciones civiles y expertos en migración han expresado preocupación por el impacto que estos criterios podrían tener en comunidades vulnerables, advirtiendo que se podría utilizar la salud pública como pretexto para negar protección a personas que huyen de peligros reales. A su vez, la medida ha generado un debate más amplio sobre cómo equilibrar la seguridad sanitaria con las obligaciones humanitarias internacionales, especialmente en un contexto donde las crisis migratorias siguen siendo un desafío constante.