El Gobierno anunció la suscripción de dos acuerdos que ponen fin a la huelga de Cananea iniciada en julio de 2007 cuando trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros suspendieron labores para denunciar violaciones al contrato colectivo, condiciones inseguras de trabajo y riesgos a la salud dentro de la mina, operada por Grupo México. A esto se sumó en agosto de 2014, el derrame de alrededor de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi afectando más de 280 km, considerado el peor desastre ambiental de la industria minera en México. El accidente, también atribuido a Grupo México, afectó a decenas de comunidades, contaminó fuentes de agua y provocó daños a la salud, la agricultura y la economía local.
“Hoy culminan 18 años de lucha. Es un hecho histórico. Como gobierno de la transformación, escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de la que se tenga registro en la historia de México. No fue sencillo. Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes. Claro que hubo resistencias, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo. Gracias a todas y todos”, afirmó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
La secretaria de Gobernación detalló que este diciembre se iniciaron las indemnizaciones de los trabajadores mineros, además, se inició el diagnóstico para retomar la demanda ambiental por la derrama de sulfato de cobre.
“Desde hace unos días, allá directamente en Cananea, hemos estado cubriendo una por una las indemnizaciones de los trabajadores mineros, de las viudas y de sus familias. Entendimos que no se trata solo de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad. Y sobre la problemática ambiental, decir que desde febrero de este año se dio inicio también en esta administración el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejorar los servicios de salud en la zona del río Sonora”.
Para la resolución de ambos temas se logró un fondo de recursos con una aportación del 70% por parte de la empresa Grupo México, del 22% del Gobierno de México y el 8% del Estado de Sonora para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social.
“El acuerdo alcanzado contempla la participación del Grupo México con mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. El gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el Estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos. En total se invertirán 2 mil 222 millones de pesos en el plan integral”.
En materia de justicia ambiental, se establecerán mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado. Mientras que en materia de agua, se fortalecerá el monitoreo de la calidad del agua del río Sonora con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real, nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste, además de la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras en operación.
Pasando al tema de la salud, el INSP mejorará la infraestructura y equipamiento, el actual Hospital Comunitario en Ures será transformado en hospital regional con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y una de atención intensiva, un centro para la salud renal con servicios de nefrología, 6 sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el conflicto histórico que afectó a cientos de familias.
“Hay acontecimientos que se inscriben en la historia de los pueblos. El anuncio de hoy es uno de ellos para Cananea y para los pueblos de la cuenca del río Sonora. Quiero por ello expresarle a usted, señora presidenta, la gratitud y el reconocimiento del pueblo de Sonora. Reconocerle en primer lugar, su gran sensibilidad y compromiso, pues retomó dos grandes graves conflictos sociales que gobiernos estatales, y federales anteriores, a la cuarta Transformación, dejaron en el olvido”.
“La huelga de los mineros de la sección 65 de Cananea y la contaminación del río Sonora. Ambos conflictos fueron abandonados a su suerte y destinados a morir por inanición. Hoy, gracias a usted, ese pasado queda atrás”.