Aunque el incremento a la tarifa del transporte público ya fue autorizado y publicado en el Periódico Oficial, su aplicación aún se percibe irregular entre las distintas rutas, lo que ha generado confusión tanto en usuarios como en operadores.
El acuerdo establece que la nueva tarifa entra en vigor a partir del 25 de diciembre; sin embargo, mientras algunas unidades ya la cobran, otras continúan con el precio anterior ante la falta de notificación formal por parte de las empresas o autoridades correspondientes. Esta falta de coordinación ha provocado que el ajuste avance de manera paulatina, a la espera de que se consolide de forma generalizada y transparente.
Conductores reconocen que el incremento resulta necesario ante el aumento sostenido de los costos operativos, desde insumos hasta mantenimiento, y lo consideran un paso para mantener la competitividad y la viabilidad del servicio. No obstante, también subrayan que el ajuste debe ir acompañado de mejoras visibles en las unidades y en la calidad del servicio para que los usuarios perciban un beneficio real.
La regularización del cobro, junto con un compromiso claro de los concesionarios para no trasladar cargas adicionales a los operadores, aparece como la vía más viable para generar confianza y estabilidad en un sistema que resulta indispensable para la movilidad diaria de la población.
