La Auditoría Superior del Estado de Yucatán detectó un presunto daño patrimonial por al menos 1 millón 789 mil pesos en el Ayuntamiento de Uayma durante los últimos ocho meses de gestión de la ex alcaldesa Yamili Ivony Cupul Vázquez, quien gobernó el municipio en los periodos 2018-2021 y 2021-2024. Las irregularidades quedaron asentadas en el segundo informe de resultados de la cuenta pública 2024, actualmente bajo análisis del Congreso del Estado.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, el monto observado deriva de una serie de operaciones financieras sin respaldo documental suficiente, entre ellas pagos en efectivo y transferencias electrónicas que carecen de comprobantes, contratos o evidencias de que los servicios hayan sido realmente prestados. Parte de los recursos se entregaron mediante cheques tanto a la entonces presidenta municipal como a su tesorero, sin que se acreditara el destino final del dinero, particularmente en el rubro de ayudas sociales.
La revisión también identificó transferencias por servicios profesionales que no contaban con contratos, informes ni entregables que justificaran el gasto. En algunos casos, los comprobantes fiscales presentaron inconsistencias, como facturas canceladas ante el SAT, duplicidad de registros o uso del mismo comprobante para respaldar más de una póliza, lo que podría implicar un doble registro del gasto público.
Otro punto relevante fue la detección de pagos por supuestos servicios de digitalización, elaboración de manuales e incluso solventación de observaciones, sin que existan documentos, reportes o archivos que prueben que dichos trabajos se realizaron. Además, se advirtió la falta de estados de cuenta bancarios correspondientes a agosto de 2024, lo que impidió verificar diversas operaciones realizadas en ese mes.
Finalmente, la ASEY señaló como irregular la erogación de 162 mil 400 pesos clasificados como ayuda social, cuando en realidad el recurso se destinó al pago de un grupo musical durante la feria municipal, sin acreditar que se tratara de una institución sin fines de lucro ni contar con la documentación requerida. Todas estas observaciones forman parte del proceso de fiscalización que podría derivar en responsabilidades administrativas o legales.