El gobierno de Venezuela informó sobre la creación de una nueva ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para quienes respalden lo que califica como piratería y bloqueo naval impulsado por Estados Unidos. La medida surge en un contexto de creciente tensión política y económica.
De acuerdo con el anuncio oficial, la normativa busca sancionar a personas o grupos que colaboren directa o indirectamente con acciones que afecten el transporte marítimo y la industria petrolera, considerada estratégica para el país.
La propuesta ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional, ya que mientras el gobierno la presenta como una defensa de la soberanía, sectores críticos advierten sobre su impacto en derechos y libertades.