En México, el uso de pirotecnia sin autorización no es un simple descuido festivo, sino una falta que puede tener consecuencias legales importantes. Cada año, especialmente en temporadas decembrinas y celebraciones patronales, las autoridades refuerzan operativos para evitar accidentes, incendios y afectaciones a terceros provocadas por el manejo irresponsable de explosivos.
A nivel local, como en la Ciudad de México y el Estado de México, encender, vender o almacenar pirotecnia sin permiso puede derivar en multas económicas que van de 11 a 100 UMAs, arrestos administrativos de 13 a 36 horas o incluso trabajos comunitarios. Además, el material suele ser decomisado durante los operativos. Sin embargo, cuando se trata de transporte, fabricación o comercialización sin autorización, el tema escala, ya que estas acciones están reguladas por leyes federales.
Por otro lado, la Ley Federal de Pirotecnia establece que cualquier manejo de artificios explosivos requiere permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y prohíbe estrictamente su venta a menores de edad. A esto se suman restricciones especiales en estados y municipios como Nuevo León, Puebla y varias zonas del Estado de México. En casos donde el uso indebido cause lesiones, incendios o daños materiales, las sanciones pueden convertirse en responsabilidades penales, obligando además a reparar los daños ocasionados.