En el marco del 46 aniversario de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 del SNTE-CNTE criticó a las políticas educativas tanto del gobierno federal como estatal. Estas acciones han llevado a la posible implementación de un paro indefinido en Chiapas.
“Bajo el lema ‘gobierne quien gobierne, los derechos se defienden’, el magisterio disidente manifestó su descontento ante la falta de avances y un discurso demagógico para la política educativa
“A pesar de las mesas de diálogo con autoridades, no hemos visto soluciones reales a nuestras demandas. Los encuentros han sido solo una forma de prolongar el conflicto. “Nos reciben y nos escuchan, pero no hay respuestas de fondo. Esto es una política de dilación”.
Fabián Hernández Mendoza / Coord. Regional en Tapachula AED Sección 40.
Entre sus principales demandas se encuentran el respeto a jubilaciones dignas, la reinstalación de docentes cesados y la creación de nuevas plazas, especialmente en Telesecundarias.
Hernández también criticó el discurso oficial que promueve la prioridad educativa, contrastándolo con la realidad en las escuelas chiapanecas.
“Las instalaciones escolares están en abandono y han desaparecido programas vitales, como las Escuelas de Tiempo Completo, que proporcionaban alimentación a miles de estudiantes vulnerables”.
La dirigencia sindical argumenta que el cambio en la administración federal no ha alterado el modelo educativo anterior. Acusan que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) sigue aplicando los mismos esquemas que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Además, la CNTE ha manifestado su preocupación por el cierre de escuelas públicas que no cumplen con el mínimo de matrícula establecido por la USICAMM.
“Esto afecta el derecho a la educación, y las comunidades deben enfrentar esta situación sin el apoyo adecuado”.
Tras un reciente paro de 72 horas, la Sección 40 está considerando un paro indefinido, aunque aún no hay una fecha definida. La Asamblea Nacional Representativa (ANR) será la encargada de decidir sobre la eventual suspensión de actividades a nivel estatal y federal, a inicios del 2026.