Ramón Magaña Martínez afirmó que el reciente proceso de elección sindical presenta irregularidades de fondo, al sostener que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no tiene facultades legales para organizar ni llevar a cabo elecciones sindicales, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Señaló que, tras los hechos ocurridos durante la semana, difundió un video en redes sociales donde expuso que dicho procedimiento debió ser organizado exclusivamente por los propios trabajadores sindicalizados y no por una autoridad federal, situación que —aseguró— resulta jurídicamente indebida y fácilmente identificable por cualquier abogado.
Indicó que actualmente se encuentran dentro del plazo legal para presentar un recurso de impugnación, aunque aclaró que los tiempos procesales los lleva su abogado. Añadió que existen elementos suficientes para ganar una eventual impugnación, aunque reconoció que, de prosperar, el resultado sería la repetición de la elección, motivo por el cual aún se analiza si conviene avanzar por esa vía.
Magaña Martínez explicó que, en caso de repetirse el proceso, este ya no debería ser organizado por el Centro Federal, sino por los propios agremiados, como lo marca la ley. Sobre la posibilidad de volver a participar, señaló que la decisión aún está en valoración, ya que actualmente se encuentran inmersos en otros procesos internos.
Advirtió que el principal daño derivado de esta situación es la división del sindicato, subrayando que quienes pierden con la fractura del gremio son los trabajadores, al debilitarse la capacidad colectiva para exigir el respeto a sus derechos laborales.
Como ejemplo de las afectaciones, mencionó irregularidades en prestaciones como el vale del pavo, que este año —dijo— se entregó con menor tamaño y calidad, así como el incumplimiento en el pago de aguinaldos a trabajadores jubilados, problemas que difícilmente se resolverán mientras persista la falta de unidad sindical.
Detalló además que durante la elección se instalaron dos sedes de votación, una en el campus principal y otra en el campus III, dividiendo el padrón y obligando a algunos trabajadores a trasladarse a sedes distintas a su centro de trabajo, sin poder votar en el lugar donde laboran, lo cual consideró una irregularidad adicional.
Añadió que continúan sin resolverse problemas laborales de fondo en la universidad, particularmente el pago a jubilados y el retroactivo salarial correspondiente al incremento del 4 por ciento directo al salario y 2 por ciento en prestaciones, recursos que —afirmó— debieron haberse dispersado con apoyo del gobierno federal.
Finalmente, alertó que alrededor de 130 trabajadores sindicalizados se encuentran en un escenario de incertidumbre, y recomendó no aceptar liquidaciones o finiquitos ofrecidos por la universidad cuando existen derechos adquiridos para la jubilación, exhortando a acudir a la vía judicial laboral para que sea un juez quien determine el pago conforme a la ley, reiterando que sin unidad será difícil defender los derechos colectivos del gremio.