La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió la recomendación 23/2025 luego de haberse localizado sin vida a una mujer que estaba detenida en la cárcel municipal el pasado 13 de septiembre pasado.
En el documento se indicó que el organismo identificó elementos que permitieron advertir posibles vulneraciones al derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal en agravio de una mujer, así como afectaciones a los derechos de sus familiares.
Afirmó que la víctima había sido detenida por elementos municipales sin que existiera claridad pública sobre el momento exacto de su aprehensión ni sobre las razones del arresto.
Detallo que esta persona fue ingresada a una celda sin que existiera constancia visual o auditiva que permitiera confirmar que se le informaron los motivos legales de su detención o que se hubiese cumplido con los protocolos previstos para garantizar una audiencia ante la autoridad competente.
Tampoco se contó con elementos que acreditaran que la mujer tuvo acceso a una defensa adecuada o que se hubiera facilitado su comunicación con algún familiar o representante.
Estas omisiones, de acuerdo con la valoración realizada por la institución, generaron un escenario que compromete la legalidad del procedimiento administrativo y que coloca en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad personal y la seguridad jurídica.
La Defensoría destacó que desde el momento en el que el Informe Policial Homologado fue recibido por una persona juzgadora cívica, recaía en dicha autoridad la responsabilidad de asegurar la apertura y conducción del procedimiento administrativo con apego a las formalidades esenciales previstas en el Reglamento de Justicia Cívica, incluidas la escucha directa de la persona detenida y la garantía de su derecho de audiencia.
Asimismo, la institución señaló deficiencias en la certificación médica, ya que en las videograbaciones disponibles no se observó ninguna valoración al ingreso, y, pese a ello, el personal médico del juzgado cívico asentó que la mujer se encontraba bajo el influjo de alcohol u otras sustancias sin que esto derivara en su canalización a un servicio de salud.
Estas condiciones la colocaron en un nivel mayor de vulnerabilidad y evidencian la necesidad de garantizar que toda persona bajo custodia estatal cuente con una valoración médica adecuada, independiente y oportuna.