CEDHJ emite Recomendación a la Fiscalía del Estado y al Gobierno Municipal de Tonalá por actuar irregular de policías investigadores y elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá
El 2 de mayo de 2023, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió una queja contra diversos funcionarios de la Agencia 09 de Robo a Vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) y policías de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Tonalá (CSPMT) con la cual se inició el expediente de queja 1062/2023.
La peticionaria manifestó que el 5 de septiembre de 2022 dio en arrendamiento mediante contrato escrito, el inmueble de su propiedad ubicado en Tonalá, el cual fue asegurado desde el 15 de noviembre de 2022 por la Agencia del Ministerio Público 09 de Robo a Vehículos de la FE. Relató que desde ese día ya no pudo entrar a su propiedad y que acudió de manera inmediata a la fiscalía para saber la situación jurídica del bien señalado, pero no le resolvían nada ni le regresaban el inmueble, no obstante haber acreditado su propiedad y que el hecho generador del aseguramiento había sido una simulación de hechos, ya que elementos presumiblemente de la fiscalía fueron quienes introdujeron un vehículo con reporte de robo en la finca, horas después de la detención de quienes lo tripulaban.
Asimismo, se contó con la permisibilidad de más funcionarios, ya que tanto policías investigadores de la fiscalía como policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá estuvieron presentes durante el operativo de resguardo y el posterior aseguramiento de la propiedad, así como de un vehículo automotor supuestamente robado, lo anterior para que el juez competente concediera una orden de cateo con apariencia de legal y su posterior ejecución.
Esta defensoría recabó videos aportados por la peticionaria y llevó a cabo inspecciones con las que se acreditó que tanto policías investigadores de la FE como de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá incurrieron en actos y omisiones que vulneraron los derechos humanos de la peticionaria, particularmente los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, así como los de propiedad y de conocimiento de la verdad.
Quedó acreditado que los policías investigadores de la FE vulneraron los derechos de la agraviada, ya que simularon actos, como fue la introducción de un vehículo —reportado como robado y con placas de circulación que corresponden a otro automotor también robado— al interior de la finca propiedad de la peticionaria, atribuyendo esa conducta a las personas que circulaban en el vehículo, actos para justificar la solicitud de la orden de cateo y, posteriormente, el aseguramiento del inmueble.
Dichos elementos policiacos debieron ejercer sus funciones de manera diligente como primeros respondientes, en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, lealtad y eficiencia, apegados a los procedimientos establecidos en la norma jurídica y en estricto respeto a los derechos humanos.
En lo que ve a los elementos de la policía de Tonalá, se acreditó que participaron en el acto y no reportaron las irregularidades registradas a sus superiores y a las autoridades competentes, cuando su deber es cuidar y salvaguardar la seguridad, bienes y posesiones de los habitantes del municipio, bajo los principios de honradez, probidad y debida diligencia. Sin embargo, su actitud omisa y permisiva trajo como consecuencia que se materializara el acto ilegal de aseguramiento, además de haber declarado con falsedad en sus respectivos informes rendidos ante este organismo defensor de los derechos humanos.