La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas, una reforma histórica que redefine la gestión del recurso hídrico en México y sustituye la normativa vigente desde 1992. Con 328 votos a favor y 131 en contra, el dictamen fue avalado tras una sesión maratónica marcada por protestas de productores agrícolas y manifestaciones en distintos estados.
La nueva legislación reconoce el agua como un derecho humano y busca frenar el acaparamiento y la venta del recurso, garantizando que las concesiones se destinen exclusivamente al uso autorizado. Asimismo, reorganiza el régimen de concesiones, otorgando a la Comisión Nacional del Agua la facultad de asignar y supervisar títulos, además de establecer mecanismos de transparencia en el registro y prohibir su intercambio entre particulares.
La aprobación se dio en medio de bloqueos carreteros y protestas en entidades como Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato, donde productores exigieron modificaciones para proteger sus derechos de uso. Aunque se incorporaron reservas impulsadas por Morena y sus aliados, la oposición advirtió un trasfondo político en la iniciativa y expresó preocupación por la centralización de facultades en la autoridad federal.
El Gobierno Federal celebró la reforma como un paso decisivo para poner fin a décadas de corrupción y prácticas de acaparamiento, mientras que legisladores del Partido Verde Ecologista de México señalaron que la ley “devuelve el agua a la gente” y marca un antes y un después en la seguridad hídrica nacional. Por su parte, representantes de la oposición insistieron en la necesidad de mayor consenso con los sectores productivos.
El dictamen será turnado al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación en lo particular. De concretarse, la nueva Ley General de Aguas entrará en vigor como el marco regulatorio que regirá la gestión del recurso hídrico en México durante las próximas décadas, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, transparente y sostenible al agua como derecho humano.