La nueva ley de aguas de la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha entrado en fase decisiva en el Congreso mexicano, pero bajo amenaza de organizaciones campesinas de retomar con más fuerza los bloqueos en carreteras, garitas y aduanas estratégicas del país, si el oficialismo no cumple sus promesas de hacer los ajustes que requeridos. La mayoría de Morena y aliados, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, ha encendido los motores para empujar la aprobación de la legislación de autoría presidencial esta misma semana, al menos en comisiones. El interés del oficialismo por aprobar la nueva ley de aguas antes del 10 de diciembre fluctúa al ritmo que marcan los líderes campesinos.
Los representantes del campo mantienen tirante un diálogo con la Secretaría de Gobernación y con los legisladores que han suavizado la tensión sirviendo de árbitro en la negociación y que al mismo tiempo han prometido cambiar la redacción para poner a salvo los derechos de los productores agrícolas, principalmente en el tema de los títulos de concesión del agua. Pero los ajustes a la legislación se han realizado con el golpe de Sheinbaum en la mesa, que ha advertido que en el tema de las concesiones no hay entrada a cambios. “Lo que tiene que ver con la transferencia de las concesiones de agua, hemos manifestado a la Cámara de Diputados que esa es la esencia de la ley, no puede cambiarse”, lanzó. Esto ha sembrado la duda entre los inconformes sobre si sus peticiones llegarán a materializarse.
El oficialismo ha socializado el dictamen de la nueva ley de aguas con la intención de aprobarlo este miércoles en comisiones. Los cambios no han tocado la iniciativa de Sheinbaum lo suficiente para apagar los ánimos de los líderes del campo, en calma momentánea, pero con el botón detonador en la mano. La propuesta original de la presidencia tiene el acento en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar. De acuerdo con los campesinos, esto les imposibilita heredar o vender sus tierras, dado que sin el permiso para uso del agua no tienen valor. Esto, dicen, transgrede sus derechos y los pone a merced de las grandes empresas que sacarán ventaja para adquirir tierras a precios irrisorios.
Los ajustes a la norma no tienen por completo la luz verde de los campesinos que en las últimas semanas han detenido el tránsito en vías estratégicas de una veintena de Estados y han amagado con reactivar la operación. Los cambios tiran de tres temas prioritarios para los líderes productores: elimina la transmisión de concesiones entre particulares y la reemplaza por reasignaciones vigiladas por CONAGUA, establece que en herencias y ventas de tierra se conservarán los derechos de volumen, uso y plazo, y posibilita la regularización de pozos y títulos existentes, con la promesa de que las nuevas reglas no tengan retroactividad en los trámites iniciados.