Abogados y defensores de derechos humanos celebraron la liberación del indígena tzeltal Martín Sántiz., privado de su libertad luego de su encarcelamiento que organizaciones sociales calificaron como injusto. Santíz recuperó su libertad tras un largo proceso legal en el que se cuestionó la validez de las pruebas y la forma en que fue detenido en 2022.
Su liberación fue posible gracias a un amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, que concluyó que su proceso estuvo lleno de violaciones al debido proceso.
Su detención se realizó sin orden judicial y sin garantías adecuadas de traducción, además de que la investigación presentó irregularidades como testimonios contradictorios, pruebas insuficientes y omisiones en la labor pericial.
A pesar de ello, inicialmente fue sentenciado a 25 años de prisión y, posteriormente, tras una apelación, la condena solo fue modificada en duración, lo que llevó a su defensa a interponer un amparo directo.
Organizaciones que acompañaron el caso señalaron que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de criminalización que enfrentan defensores comunitarios e indígenas en diversas regiones del estado. La liberación del activista, aseguraron, representa un triunfo legal, pero también evidencia las profundas fallas estructurales que continúan vulnerando el acceso a la justicia de los pueblos originarios.
