El Congreso de México dio un paso decisivo este martes para enfrentar uno de los delitos que más se ha disparado en el país: la extorsión. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una nueva ley federal que endurece las sanciones y unifica criterios para investigar y castigar este crimen, cuya incidencia ha alcanzado niveles históricos en 2025.
De acuerdo con datos oficiales, durante la primera mitad del año se registraron 5 mil 887 víctimas, un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra convierte a 2025 en el año con más casos de extorsión desde que existen registros. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente que este delito es el único que no ha logrado reducir en su gestión.
La normativa aprobada busca cerrar las brechas legales que existen entre los distintos estados del país. Hasta ahora, cada entidad definía y castigaba la extorsión de forma distinta, lo que dificultaba las investigaciones y generaba vacíos legales que favorecían la impunidad. Con la nueva ley, se establece una tipificación única a nivel nacional y un esquema de sanciones homologadas.
Uno de los cambios más relevantes es que la persecución del delito será de oficio: las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. También se permitirá que cualquier persona reporte casos de manera anónima, con el objetivo de facilitar la detección de redes criminales y reducir el temor a represalias.
El Congreso también aprobó sanciones más severas para uno de los principales focos de operación de este delito: las cárceles. Los internos que utilicen dispositivos electrónicos para extorsionar enfrentarán penas de seis a 12 años de prisión adicionales. La misma sanción aplicará para funcionarios y personal penitenciario que permitan el ingreso de celulares u otros equipos de comunicación.
La ley contempla penas de entre 15 y 42 años de prisión para quienes cometan extorsión o participen en actos relacionados. Para que esta nueva normativa entre en vigor, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales en los próximos meses.
Con esta reforma, el gobierno federal busca responder al incremento sostenido de este delito y dar una herramienta más sólida a las autoridades para combatir uno de los crímenes que más afecta a comercios, empresas y familias en el país.