El aumento de fraudes digitales ha llevado a que en la Cámara de Diputados se impulse una reforma que busca frenar el uso indebido de herramientas tecnológicas para suplantar identidades. La propuesta pretende incorporar como delito grave el empleo de inteligencia artificial para obtener o manipular datos personales sin permiso de la víctima.
La iniciativa plantea sanciones que van de cuatro a diez años de prisión, además de multas altas y la eliminación inmediata del contenido utilizado para suplantar a una persona. También contempla aumentar el castigo cuando estas prácticas deriven en engaños o campañas de desprestigio mediante la clonación digital de imagen o voz.
El proyecto subraya que los avances tecnológicos han creado nuevas rutas para cometer fraude, desde la manipulación de fotografías hasta la creación de videos y audios falsos.
La propuesta insiste en que la innovación debe ir acompañada de reglas claras que protejan derechos y reduzcan el abuso digital.