“La violencia ácida contra la mujer es una de las más extremas. Te borran tus proyectos, cara e identidad, si es que no la vida”, expresa María Elena Ríos Ortiz, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM, activista y sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019. Este acontecimiento llevó a Malena, como prefiere ser nombrada, a promover una iniciativa de ley que atienda este tipo de agresión.
A partir de ello, 17 entidades federativas del país (hasta noviembre de 2025) efectuaron cambios en sus códigos penales para incluirla (aunque otras también la contemplan).
“Cada quien ha legislado de diferente manera. No es clara la inclusión bajo la razón de género, por lo que, al no haber armonización, se dificulta el análisis y atención de los casos, así como la aplicación de política pública integral. En algunos estados aparece en sus códigos penales, en otros se colocó como lesiones agravadas y en unos más se considera feminicidio en grado de tentativa. Es importante problematizar sobre la mejor forma de tipificarla”, apunta Rosalba Cruz, consejera jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU).
Pese a que en términos generales y mediáticos se habla de violencia ácida, con base en la investigación y aportes de diferentes disciplinas debe nombrarse “violencia cometida con cualquier sustancia corrosiva”, para incluir ácidos, álcalis, químicos o gasolinas, entre muchas otras que, en numerosos casos, no sólo causan lesiones, sino que por su composición ponen en riesgo la vida, señala.
Por su parte, Lucía Núñez, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), subraya: “La raíz de estos ataques es la violencia contra las mujeres. Deberíamos intervenir, a nivel prevención, para abordar las relaciones de pareja, familiares y sociales que promueven la ejecución constante de estas conductas. Eso no es sencillo y es donde menos hemos actuado”.
Tipificar
Malena es originaria de Oaxaca, comunicóloga y apasionada del saxofón, instrumento que toca desde los nueve años y al que describe como una extensión de ella, como un compañero y algo que le genera tranquilidad.
“Siempre quise tener un título de la UNAM y estudiar música en Ciudad de México. Por ello decidí terminar una relación que no era sentimental, sino de sometimiento. Eso derivó en que mi agresor, un exdiputado, me mandara a atacar con ácido porque me consideraba de su propiedad”.
Lucía Núñez explica que estas agresiones son frecuentes y pretenden alterar el físico y fisionomía femeninas. “Tratan de minusvalorar a las mujeres al desfigurarlas; eso envía el mensaje de que nadie más puede verlas. Se les considera objeto de belleza y pareciera que, al dañar su apariencia, acaban con su vida social y civil”. También se han arrojado sustancias a órganos sexuales con la intención de inhabilitarlas, añade.
“Se quema o perjudica el cuerpo como un acto de venganza que ocurre en contextos en los que ellas deciden salir de un ambiente de violencia. Es el momento de mayor riesgo”, plantea Rosalba Cruz.
A nivel mundial, se estima que, anualmente, ocurren al menos 10 mil ataques con ácido, según Acid Survivors Trust International, pero podrían ser más, pues muchos países no llevan un registro oficial y en otros no se denuncia por temor a represalias. En México, entre enero y octubre de 2025, se identificaron 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Con base en sus registros, más de la mitad de las personas agresoras fueron cónyuges o parejas (115), y exparejas (108).
Para quienes son atacadas de esta forma, acceder a justicia y servicios médicos integrales ha sido complicado, ya que, en muchas ocasiones, al recibir atención, se dictamina que lo suyo son tan sólo lesiones simples.
“Cuando en las instituciones de procuración de justicia (como las fiscalías), la primera respuesta es esa, implica un sistema patriarcal que impide comprender lo que conlleva dicha violencia. Se consideran lesiones simples aquellas que sanan en menos de 15 días o que no dejan cicatrices perpetuas en cara o cuerpo, y que ocurren en circunstancias particulares donde puede, por ejemplo, no haber dolo”, expone Cruz.
La investigadora del CIEG agrega que, para los movimientos de víctimas, ha sido importante que el Estado reconozca que no es lo mismo una lesión simple que algo que borra y altera la identidad y el físico.
En este escenario, hasta noviembre de 2025, Baja California, Baja California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz modificaron sus códigos penales bajo la iniciativa Ley Malena, a fin de integrar los ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva contra las mujeres. Aunque hay consideraciones que deben discutirse, pues cada uno ha legislado de forma distinta.
“La mayoría de las entidades agregaron estas agresiones al catálogo de lesiones, pero se debe considerar que ameritan un tipo penal autónomo para señalarlas (lo que no se nombra no existe) y para posibilitar políticas públicas. También es crucial visibilizar y entender las particularidades de una violencia de esta naturaleza bajo la óptica de lo que significaría el proceso de investigación y acreditación. Todo esto debe problematizarse con perspectiva de género”, expone la integrante de la CIGU.
Ello permite una armonización en términos legislativos para tener datos, sanciones, estrategias de intervención integral y una política institucional que atienda las características específicas en materia de reparación de daño. De esta forma, no queda sólo en la descripción de un tipo penal.
La saxofonista advierte que, en muchas ocasiones, en el sector público de salud desconocen cómo tratar las quemaduras con sustancias corrosivas. “No se trata sólo de la atención primaria (salvarte la vida en ese momento), sino de lo que sucede después. Es injusto y lamentable que haya médicos o servidores públicos que digan que éstas son heridas que sanan en 15 o 20 días. Llevo más de seis años, 10 cirugías reconstructivas y las cicatrices mejoran, mas no se borran. Es algo a lo que nos enfrentamos las víctimas; llevamos la prueba del delito con nosotras y la vemos a diario, cuando nos confrontamos con el espejo”.
Mediante el proyecto Ley Malena, se exige garantizar el acceso adecuado a la salud, la reparación del daño y un seguimiento médico tanto físico como psicológico, pues la salud mental también se ve afectada gravemente. De hecho, la activista confiesa sufrir de estrés postraumático: muchas mañanas despierta con miedo y desconoce por qué, y en ocasiones sueña que le avientan ácido en distintos escenarios.
“El agresor y las instituciones, al fallar en su labor, te someten a más violencias. Tras el borrado que me sucedió, aprendí a seguir adelante, con el apoyo de mi familia y de la sociedad”.
Más allá de la sanción
Lucía Núñez plantea que tanto víctimas directas como indirectas tienen la legitimidad y el derecho de acudir a medios punitivos, pero enfatiza: “La diversificación de tipos penales provocaría problemas en el sentido de que, para todas, se busca la privación de la libertad de la persona agresora. Sin embargo, las medidas de prevención son escasas”.
Al respecto, refiere que se han establecido una serie de estrategias coordinadas entre las instancias del gobierno para atender estas situaciones, “aunque están más enfocadas en la cuestión disuasoria, es decir, parece que una pena privativa de libertad disuade a otros varones de incurrir en este tipo de conductas. Son acciones que castigan una actitud indebida, pues debe asumirse una responsabilidad por quien la comete, pero se ha abandonado mucho el evitar su ocurrencia”.
Algunas medidas planteadas se relacionan con prevenir en el contexto, pero como se trata de acciones que no tienen respuesta inmediata, no se les considera redituables a nivel político. Una, por ejemplo, sería intervenir, a nivel escolar, libros o medios de comunicación, ya que estos últimos son espacios donde a las mujeres se les ve como objeto sexual o poseedoras de estereotipos de belleza, apunta Núñez.
Para la académica es importante establecer estrategias conjuntas que sean transformadoras y vayan más allá de la sanción penal. “Eso nos ha faltado a nivel global. Hoy se discute, dentro de los feminismos, cómo acompañar a las víctimas, reconociendo sus necesidades y ofreciendo políticas alternas que no se reduzcan a la instrumentalización, por parte del Estado, del dolor y la violencia, es decir, aumentar penas y no efectuar investigaciones para conseguir otro tipo de respuestas, por ejemplo”.
Alzar la voz
Con su activismo, Malena busca dejar un precedente que evite que otras personas sean atacadas de la misma forma y, si esto ocurre, que tengan oportunidad de recibir atención jurídica y médica óptima e integral.
“Es importante entender que los ataques con ácido no son hechos aislados, son la culminación de una serie de violencias previas contra nosotras. Es necesario enunciar todas estas realidades, porque lo único que queremos es que se reconozcan nuestros derechos humanos”.