Periodistas, organizaciones de ciberseguridad y una diputada local alertaron sobre una posible filtración de información confidencial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, derivada de un presunto hackeo ocurrido desde inicios de noviembre de 2025. El incidente habría comprometido datos sensibles de la dependencia, pese a que la institución aún niega la intrusión.
La organización de ciberseguridad Botcrawl informó que un grupo de ciberdelincuentes identificado como Tekir APT aseguró haber vulnerado la estructura interna de la Fiscalía. Según la agrupación, los atacantes comprometieron subdominios, sistemas de comunicación, repositorios de vigilancia y expedientes de investigación. Para probar la infiltración, los responsables difundieron más de 70 GB de información y afirmaron tener en su poder al menos 250 GB adicionales de archivos internos.
Entre los datos expuestos figuran capturas de servidores, estructuras de archivos, tablas de bases de datos, imágenes forenses y grabaciones de cámaras de seguridad. Botcrawl detalló que los hackers habrían obtenido expedientes penales, archivos administrativos, documentación forense, registros de cadena de custodia y material sobre investigaciones de narcóticos, homicidios y robos, además de accesos a canales de comunicación y planificación operativa.
La organización advirtió que esta filtración representa un riesgo grave para la seguridad pública y para la integridad de investigaciones en curso. Explicó que la exposición de expedientes podría permitir que sospechosos eviten su detención, destruyan pruebas o identifiquen a testigos. Señaló también que la divulgación de material forense y grabaciones de vigilancia compromete procesos judiciales sensibles y afecta la privacidad de víctimas y personas vinculadas a casos en trámite.
La diputada local Hades Berenice Aguilar Castillo confirmó la posible sustracción de información sensible y afirmó que los ciberdelincuentes intentaron contactar a funcionarios de Guanajuato sin obtener respuesta. Indicó además que, pese a las evidencias, la Fiscalía continúa negando la infiltración, mientras los atacantes critican el uso de contraseñas débiles en los accesos administrativos de la dependencia.