El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito.
La ley establece una pena base de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, se incluyen agravantes que pueden elevar la condena hasta 42 años de prisión, como la extorsión a grupos de migrantes o el uso de información privada de las víctimas, que conlleva una pena de 37 años, o el cobro de piso a quienes realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, que conlleva una pena de 33 años.
La ley también establece la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que garantizará la protección de las víctimas y la posibilidad de denuncias anónimas. Además, se establece la obligación de las autoridades de investigar y perseguir el delito de extorsión de oficio.
La aprobación de dicha ley marca un avance en la lucha contra la extorsión en México puesto que busca unificar y endurecer las penas por este delito en todo el país. También se prioriza la persecución automática y la protección de las víctimas, lo que busca reducir la impunidad y aumentar la protección a quienes enfrentan estas amenazas.