El diputado Emilio Manzanilla Téllez presentó una iniciativa para establecer sanciones de uno a seis años de prisión, además de multas económicas, a quienes fabriquen o comercialicen equipo táctico reservado para instituciones de seguridad pública y Fuerzas Armadas sin autorización oficial. La reforma modifica leyes de seguridad y armas de fuego.
La propuesta incluye castigos más severos en caso de reincidencia. Señala que solo el personal autorizado puede portar uniformes, insignias, chalecos antibalas, cascos tácticos, vehículos blindados o radios encriptados entregados por el Estado.
El legislador advierte que el uso indebido de este equipo ha permitido que grupos delictivos lo utilicen para engañar a la población, afectando la confianza en las autoridades.
Con ello se busca frenar la usurpación de identidad, fortalecer el control institucional y disminuir riesgos relacionados con delitos cometidos con equipamiento falso o no autorizado.
