Comunidades y organizaciones urgieron que la próxima reforma en materia de agua reconozca explícitamente los derechos de los pueblos indígenas dentro de una sola Ley General de Aguas, al advertir que la iniciativa federal en discusión no garantiza este principio ni protege las dotaciones históricas de tierras y aguas, lo que podría abrir paso a megaproyectos sin prioridad para las comunidades.
En un Parlamento Abierto realizado en Oaxaca, participantes de diversas regiones señalaron que enfrentan consultas simuladas, obras en zonas de conflicto agrario, contaminación, descargas residuales y afectaciones por minería e infraestructura.
Como acuerdo general, se elaborará un documento dirigido a la Cámara de Diputados para exigir que cualquier reforma asegure una sola ley que garantice derechos comunitarios. Además, se llamó a abrir espacios de discusión antes de la votación prevista para finales de noviembre, a fin de evitar decisiones que —indicaron— respondan a intereses externos a las comunidades.