El Congreso mexicano pisa el acelerador para aprobar antes del 15 de diciembre una nueva legislación para el agua en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta ha creado un nuevo punto de conflicto entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno, tras la disputa por el precio de la tonelada de maíz durante el mes de octubre. Este desacuerdo entre las partes llevó a que los campesinos bloquearan durante dos días las carretas en al menos 20 Estados de la República. Las organizaciones del campo han acordado este domingo cerrar carreteras, empresas y pasos fronterizos en caso de que Morena y sus aliados insistan en presurar el proceso legislativo.
El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar. La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos entrevistados, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor.
“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados por los agricultores con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias, nuestras inversiones y el crecimiento económico del campo”, denuncia Eraclio Rodríguez, exdiputado federal del PT y campesino de Chihuahua. De acuerdo con Rodríguez y sus compañeros del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una organización con presencia en 25 Estados, sus tierras carecen de valor sin la concesión de agua.
En los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin tener que pasar por la Administración pública. Esto llevó a que, actualmente, la Conagua no tenga ni control ni trazabilidad de cuánta agua usan los usuarios ni para qué fines. Como hay demasiado volumen de extracción concesionado, la Conagua no puede dar más permisos y los particulares son orillados a realizar operaciones alegales de compraventa. Con esta nueva ley, una concesión no utilizada vuelve a la Conagua para que la reasigne.