La creciente cantidad de litigios por la posesión de terrenos en comunidades rurales de Yucatán ha puesto en evidencia la vulnerabilidad legal de los campesinos, cuyos predios pueden ser reclamados mediante procesos judiciales como la prescripción positiva, figura que permite a una persona obtener la propiedad de un bien si lo ha ocupado de manera pacífica y continua durante varios años.
Un ejemplo reciente de esta situación se presenta en el municipio de Acanceh, donde una mujer identificada como Rosa Elena Dzul Puc promovió un juicio verbal contradictorio declarativo de prescripción positiva de menor cuantía ante el Juzgado de Paz.
La demanda busca que se le reconozca como propietaria del predio rústico Tablaje 1875, de 534.64 metros cuadrados, ubicado en la comisaría de Canicab, y que actualmente está registrado a nombre del campesino Eulogio Dzul Pech.
El inmueble, con un valor catastral de apenas 630 pesos, fue adjudicado originalmente a Dzul Pech por el Registro Agrario Nacional en 1995. Sin embargo, la mujer alega haber poseído el terreno entre cinco y diez años, con base en lo dispuesto por el artículo 967 del Código Civil de Yucatán, que establece que una persona puede adquirir el dominio de un inmueble si lo ha poseído de buena fe durante cinco años, o de mala fe por diez.
Este tipo de casos, aunque legales, ponen en desventaja a pequeños propietarios rurales, quienes muchas veces carecen de asesoría jurídica o desconocen los mecanismos para proteger formalmente sus terrenos. De no presentar oposición oportuna ante el juez, pueden perder sus predios pese a haberlos trabajado o heredado legítimamente.
La jueza Mónica Belén Ordóñez Rodríguez, titular del Juzgado de Paz de Acanceh, emitió el emplazamiento correspondiente para que tanto Eulogio Dzul Pech como cualquier otra persona con “igual o mejor derecho” comparezcan a reclamar la propiedad. El aviso fue publicado en el Diario Oficial del Estado, como establece la ley.
Expertos en derecho agrario han advertido que la prescripción positiva, aunque es una figura legal reconocida, se ha convertido en una herramienta que en algunos casos favorece despojos encubiertos, especialmente en zonas rurales donde las escrituras, deslindes y registros catastrales son antiguos o imprecisos.