El aumento en los reportes de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato ha evidenciado deficiencias estructurales en la respuesta de las autoridades. La activación tardía de alertas, la revictimización de familias y la falta de aplicación efectiva de protocolos han obligado a que la sociedad civil encabece las búsquedas.
Así lo explicó Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana de León e integrante del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (ReDLab), quien advirtió que la situación es grave por la vulnerabilidad particular de las víctimas, sobre todo niñas y adolescentes.
El especialista señaló que la Alerta Amber no basta y debe complementarse con el Protocolo Nacional de Búsqueda para menores, ya que el riesgo de que estas víctimas caigan en redes criminales, de trata o explotación es mucho mayor.
De acuerdo con Lorusso, aunque existen mecanismos legales para actuar con rapidez, en la práctica se aplican tarde. Muchas alertas se activan días después de la desaparición, cuando las primeras horas son determinantes. Esto obliga a que familiares y colectivos realicen operativos ciudadanos para localizar a los desaparecidos.
El académico también denunció la revictimización y discriminación que enfrentan las familias al acudir a fiscalías, ministerios públicos o SEMEFO. Aunque el discurso oficial habla de sensibilidad y capacitación, en los niveles locales “las quejas siguen siendo recurrentes”.