En un operativo conjunto, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron 9 cateos en igual número de establecimientos señalados como “mini casinos” en los municipio de Tuxtla Chico y Tapachula.
De acuerdo con la información, la acción se llevó a cabo tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre la operación irregular de locales donde se colocaban máquinas tragamonedas, generando preocupación entre los habitantes de la zona. Estas llamadas anónimas motivaron la apertura de una carpeta de investigación y el otorgamiento de un oficio de un juez federal para intervenir los inmuebles.
En Tuxtla Chico, uno de los operativos se realizó en un local identificado como una sucursal de la nevería , y otros establecimientos donde los agentes encontraron máquinas tragamonedas. De manera simultánea, otros grupos de la PFM y de las fuerzas federales intervinieron tres establecimientos adicionales, en los cuales se aseguraron más de 60 dispositivos del mismo tipo.
Las diligencias estuvieron encabezadas por un agente del Ministerio Público Federal, quien supervisó las acciones para garantizar la legalidad de los procedimientos.
Durante las diligencias , en Tapachula, se aseguraron más de 57 mini casinos, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para el inicio de las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, los cinco locales intervenidos fueron asegurados y sellados, mientras que sus propietarios fueron notificados de las sanciones que enfrentarán conforme al artículo 400 del Código Penal Federal.
En todos los casos, los responsables de los locales no pudieron presentar documentación que acreditara la legal procedencia o autorización para operar las máquinas, por lo que fueron aseguradas de inmediato al igual que los establecimientos.
De acuerdo con los reportes, los aparatos incautados fueron trasladados a instalaciones federales para quedar a disposición de la autoridad competente, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones, pero se precisó que la investigación continuará para determinar la responsabilidad de los dueños e identificar a los responsables de la fabricación y distribución de estas máquinas tragamonedas en la región de la Costa.
Las autoridades recordaron que este tipo de máquinas tragamonedas son consideradas ilegales en el país, pues su operación no cuenta con regulación, fomenta prácticas de apuestas clandestinas y, en muchos casos, se convierten en foco de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.