En varias ciudades de Cuba, incluyendo Santiago de Cuba y Bayamo, se registraron manifestaciones ciudadanas motivadas por los prolongados cortes de electricidad que afectan a la población. Habitantes denunciaron interrupciones de hasta 13 horas diarias, lo que ha generado malestar generalizado y fuertes críticas hacia las autoridades locales.
La respuesta del gobierno fue rápida y contundente: varios manifestantes fueron arrestados y posteriormente condenados a penas que van desde meses hasta años de prisión, bajo cargos relacionados con desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas acciones como una forma de silenciar la protesta pacífica y limitar la libertad de expresión.
Expertos advierten que estas medidas podrían incrementar la tensión social y alimentar un sentimiento de desconfianza entre la población y las autoridades. Mientras tanto, las familias de los detenidos demandan transparencia en los procesos judiciales y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.