La reciente clausura de las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) preocupa a activistas, académicos y la población de la región del Soconusco.
Retirar al personal de estas dependencias de Tapachula deja a la zona sin representación federal en temas de protección ambiental, lo que ha sido calificado como un grave retroceso en la defensa de los recursos naturales y abre la puerta a la comisión de delitos ambientales
“El medio ambiente es un derecho constitucional que el Estado debe garantizar, no un favor. Este abandono deja la región expuesta a la delincuencia ecológica”.
Vicente Castro / Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
Las actividades ilegales como la tala clandestina y la caza furtiva están en aumento, se realizan sin temor sin mayor disimulo debido a la falta de vigilancia.
La situación se complica aún más, ya que los ciudadanos que deseen presentar denuncias deben viajar hasta Tuxtla Gutiérrez, lo cual representa una carga económica significativa y pérdida de tiempo.
Tenemos 5 dependencias entre estatal y federal con perfil de protección ambiental; sin embargo, ni una esta en Tapachula, únicamente tenemos una pequeña dirección de ecología municipal, pero siempre argumenta que no tienen recursos ni humano ni económico para atender los problemas medio ambientales”.
El académico, enfatizó que esta realidad pone en riesgo no solo la biodiversidad de la región, sino también la salud y el bienestar de sus habitantes.
“La falta de supervisión ha propiciado que se invadan áreas naturales protegidas, causando daños irreversibles a ecosistemas vitales como los manglares y los palmares, hay un aumento de tala de árboles en las zonas protegidas y un incremento en la caza y pesca ilegal, si antes que denunciando no atendían, ahora que no hay estas actividades ilícitas se hacen con mayor libertad”.
Además, muchas comunidades se enfrentan a la negativa de las autoridades municipales para recibir quejas sobre delitos ambientales, lo que deja a la población sin recursos para hacer valer sus derechos. Las organizaciones civiles y académicas han hecho un llamado urgente a las autoridades, exigiendo una respuesta inmediata y la asignación de recursos suficientes para el retorno de estas dependencias ambientales.
El cierre de estas oficinas refleja un abandono institucional que deja una profunda huella en la región Soconusco.